Más flexibilidad laboral, más precarización de la vida

Columna sobre el proyecto de Estatuto Laboral para Estudiantes, el cual avanza en el Congreso.

El gobierno de Piñera pretende crear un contrato especial de trabajo para las y los estudiantes de educación superior que tengan entre 18 y 24 años de edad. Este proyecto de ley duerme en el congreso desde el año 2013 y ahora se busca reanudar su tramitación con urgencia y ya contó con aprobación unánime en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Dos diputadas del Frente Amplio -Maite Orsini y Gael Yeomans- votaron a favor.

De aprobarse esta ley, estaríamos ante un contrato altamente flexible y que precariza aún más las condiciones de trabajo. En cuanto a la jornada laboral ésta es completamente adaptable en términos diarios, semanales y anuales. Precariza porque elimina el derecho a indemnización por años de servicios y los fueros. Entre ellos el fuero maternal, sindical y de negociación colectiva. También se les margina del seguro de cesantía y se autoriza una remuneración inferior al Ingreso Mínimo Mensual.  Además, crea nuevas causales de despido y debilita la estabilidad en el empleo.

¿Por qué el gobierno quiere crear este contrato especial de trabajo? El gobierno sostiene como primer argumento que la tasa de desempleo es muy alta entre las y los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad y que esto se explica -en parte- porque las y los jóvenes que se encuentran estudiando no pueden compatibilizar jornada de estudios con jornada laboral.

Agrega que las y los jóvenes que estudian necesitan ingresos propios para financiar transporte, alimentación y materiales de estudio. Reconoce que un alto porcentaje de jóvenes se desempeña en la informalidad laboral y propone se cotice previsionalmente para incrementar los fondos en las AFP.

Esta discusión no es nueva. En el Código del Trabajo ya existe la figura del Contrato de Aprendizaje destinado a jóvenes menores de 21 años que trabajan sin derecho a Ingreso Mínimo Mensual y sin derecho a negociación colectiva. En el año 2001 durante el gobierno de Ricardo Lagos se creó el contrato a tiempo parcial con jornada flexible y reducción de salario. Además, existe un subsidio para la contratación de jóvenes (entre 18 y 35 años de edad) que ganen hasta 1,5 Ingresos Mínimos Mensuales.

Este tipo de propuestas aparecen en distintas partes del mundo. En Francia en el año 2006 fue el Contrato del Primer Empleo y en Perú a principios del año 2018 la ley de trabajo juvenil denominada por la juventud peruana como “ley del esclavo juvenil”. El común denominador de estas iniciativas es aumentar la flexibilidad laboral y la precarización de la vida. En Francia y en Perú se unieron la juventud y los trabajadores en multitudinarias manifestaciones de rechazo a estas iniciativas. En Francia obtuvieron un triunfo temporal y en Perú esta lucha continúa.

La burguesía necesita sangre joven en sus empresas. Necesita que las y los hijos de sus trabajadores/as se integren lo antes posible al mercado laboral mientras las y los hijos de la burguesía y de los sectores acomodados pueden continuar sus estudios sin perturbaciones de ningún tipo.

Esta iniciativa, de concretarse, entregaría trabajadores/as jóvenes, adaptables y más baratos/as al capital. Incluso los empresarios podrían eliminar el pago de horas extraordinarias ya que la flexibilidad horaria les permitiría reemplazar a trabajadores/as propios por jóvenes estudiantes durante los fines de semana o durante vacaciones. La ofensiva precarizadora terminará afectando tarde o temprano al conjunto de la clase trabajadora.

Es inocultable el deseo que subyace en el proyecto en el sentido de fortalecer a las AFP en este pretendido combate a la informalidad laboral.

Reconocemos las necesidades materiales que apremian a las y los estudiantes pobres, pero esas necesidades no pueden ser satisfechas a costa de flexibilizar aún más el Código del Trabajo. Proponemos integrar a los petitorios estudiantiles el tema del transporte gratuito y de calidad para todas y todos los estudiantes, la alimentación gratuita y de calidad para todas y todos los estudiantes y también el acceso gratuito universal a los materiales de estudio.

La idea es que nadie sea marginado de sus estudios por no contar con medios materiales o económicos suficientes. Para eso necesitamos una política educacional que asegure la continuidad de estudios en el sistema de educación superior y evitar el camino de la deserción por falta de financiamiento.

En los términos planteados rechazamos esta iniciativa porque decimos NO a la flexibilidad y a la precarización de nuestras vidas. Hoy se propone para las y los jóvenes eliminar una serie de derechos. Si aceptamos pasivamente este despojo, mañana serán nuevos sectores de trabajadores/as los que sufrirán graves ataques a sus condiciones actuales de trabajo. Esta ley es un ataque al conjunto de los trabajadores que debe ser rechazado por todos los sectores populares y organizaciones de izquierda.

Se puede conocer el contenido del proyecto y sus avances en la Cámara de Diputados en este ENLACE.

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